Bogotá, Julio 12 de 2019

 

COMISION - REFORMA DE PROTECCION A LA VEJEZ

MINISTERIO DEL TRABAJO

 

Intervención del Presidente de la CDP

JOHN JAIRO DIAZ GAVIRIA

 

En cuanto al tema a desarrollar en esta comisión, empezaremos haciendo referencia en primera instancia al ARTICULO 46 de nuestra Carta Magna que define: “El Estado, la sociedad y la familia, concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El estado les garantizará los servicios de Seguridad Social Integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”.

 

Esto significa que se han venido dando profundas transformaciones en la vida y la actividad humana, en aspectos individuales y colectivos, exigiendo al Estado que incorpore en su LEY Fundamental, principios de preceptos de Derecho Social, esto lleva consigo la evolución estructural y funcional de la sociedad humana, su desarrollo cívico y cultural a su renovada y decidida voluntad de progreso, de conquistar niveles de vida acordes con su condición o categoría. El Derecho Social ha llegado a ser principio del Derecho Público, canon fundamental de las constituciones modernas.

 

Nuestra Constitución Nacional en su Artículo 48 establece que la Seguridad social es un Servicio Público de carácter obligatorio, que se presta bajo la sujeción de los principios de EFICIENCIA, UNIVERSALIDAD Y SOLIDARIDAD y así lo reafirma la Corte constitucional en Sentencia T-125 de 1994, donde afirma que si bien el valor característico del Estado Democrático es la igualdad y el del Estado de Derecho es la Justicia, el propio y distintivo del Estado social de Derecho es la Solidaridad.

 

Por esto nuestra Constitución Política incluye principios, orientaciones y avances Internacionales y Nacionales muy importantes en materia de Derechos Humanos y sienta las bases para actualizar las normas relativas al envejecimiento, la protección, respeto, garantía y promoción de los derechos de las personas Mayores.

 

Desde la concepción de la Equidad de la Constitución en sus artículos 13 y 46,  las personas mayores son uno de los sujetos de Derecho que les confiere tratamiento jurídico especial y ante la importancia de la protección a este grupo social, se expidió en el 2008 la LEY 1251, que traza mecanismos tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los Adultos Mayores.

 

La implementación de ella, debe incluir la GESTION SOCIAL INTEGRAL como estrategia para dicha POLITICA SOCIAL, sensibilizándola desde los planteles educativos, entidades del Estado, empresa Privada y Medios de Comunicación, que garanticen la acción Pública orientada a la promoción, al reconocimiento, la restitución y ejercicio de los Derechos Fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos, que permitan la construcción de proyectos de vida, y que permitan crear entornos favorables, para reducir factores de desigualdad, que encaminen a un sistema de protección integral para el adulto mayor en Colombia.

 

Es así como la corte Constitucional en virtud del principio de EQUIDAD Y SOLIDARIDAD, ha expedido innumerable jurisprudencia en torno a la protección especial que se debe fundamentar a las personas en calidad de adulto mayor, por ello el Estado Colombiano como Estado social de Derecho, debe garantizar a las personas de la tercera edad, una vida bajo los criterios de existencia digna.

 

DERECHOS FUNDAMENTALES:

El concepto de derecho fundamental, es quizá el más importante de las Constituciones contemporáneas. Colombia acogió esta figura en la Constitución de 1991. Una definición sintética de estos derechos es la siguiente: son los derechos inherentes a la persona humana. Usualmente se les ha identificado con los derechos individuales, sin embargo en Colombia han sido reconocidos por la Corte Constitucional algunos derechos pertenecientes a la llamada segunda generación, es decir, ha reconocido como derechos fundamentales, ciertos derechos sociales que son necesarios para que la persona humana cuente con una vida digna.

Por ello en nuestra carta Política, se le da interpretación especial para las personas mayores en aspectos como :

En el artículo 11  C.N el Derecho a la vida, el cual adquiere un gran significado en la conservación y disfrute del restante período vital, el cual debe tener prioridad en su ejercicio y mayor seguridad y defensa de su existencia.

Artículo 13.- Reconoce el Derecho a la Igualdad. Establece que las personas mayores gozan de igualdad general, aunque la ley pueda consagrarles distinciones

Artículos 24-26-28 y 38 enfatiza sobre el derecho a la libertad. Reconoce que aunque sea necesaria la ayuda y apoyo de otras personas, esto no elimina su autonomía.

Artículo 25 y 53. El Derecho al Trabajo. Plantea que la Sociedad debe permitir el reconocimiento de sus aportes. Sin embargo, es un Derecho que se adecúa a condiciones personales por que exonera al mayor de 45 años de la imposición de trabajos forzosos.

Artículo 49. Define el Derecho a la Salud a través de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad del adulto mayor y a mejorar su calidad de vida y la de todos los Colombianos.

Sin embargo recordemos la entrevista del SEÑÓR PROCURADOR FERNANDO CARRILLO el pasado 25 de Junio 2017, donde en su titular resaltaba: “LAS DEFICIENCIAS DE LA SALUD MATAN MAS GENTE QUE LA GUERRA”, donde constantemente hemos denunciado la mala calidad de Servicios con los adultos Mayores y Pensionados, que como decía el mismo señor PROCURADOR, hay reiterada negación de servicios,  a sujetos de especial protección como niños, mujeres en embarazo y adultos mayores.”

Artículo 52 Reconoce el derecho a la actividad humana útil, aprovechamiento del tiempo libre. Derecho a la recreación, al entretenimiento, a la diversión, bien sea de manera individual, familiar o colectiva.  

Es por esto, que tanto en esta alianza ESTRATEGICA CON LA CGT, consideramos que esa protección integral, se debe fundamentar en el derecho a la vida como aspecto prioritario, que tal como lo indica la LEY 1251 de 2008 para promover la participación en redes de apoyo social que beneficien a la población, en especial aquellas que se encuentran en condiciones de extrema pobreza y de vulnerabilidad social, así como vigilar el cumplimiento de las Políticas sociales y de asistencia social que se desarrollen en su identidad territorial.

 

Con esta norma, que aún no se reglamenta, se debe propender por promover, restablecer y defender los derechos de los adultos Mayores, con políticas claras sobre el envejecimiento, planes y programas entre el Estado, la sociedad Civil y la familia, pero que las entidades territoriales como lo exige la norma, expidan sus propias políticas.

 

Por ello, también es de  importancia que hay que darle desarrollo a la LEY 1251/08 sobre envejecimiento y vejez, y la conformación del CONSEJO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR,  considerado en el artículo 29 de la citada Ley, donde tenemos representación los pensionados, y se debe conformar el CONSEJO TERRITORIAL DE LA PERSONA MAYOR como lo establece el Artículo 12 y así aunaremos esfuerzos para que el adulto mayor pueda concluir su ancianidad sin preocupaciones ni miserias.

 

 

LEY 1251/2008. Hemos venido planteando desde hace varios años la importancia de su “reglamentación” y estamos pasando los 10 años y aún no ha sido posible, a pesar de que ella tiene como objetivo, PROTEGER, PROMOVER, RESTABLECER y DEFENDER los Derechos de los Adultos Mayores y es función que corresponde al gobierno Nacional.

 

 

Con respecto a la POLITICA DE VEJEZ, buscamos la INSTITUCIONALIZACION DEL DIA DEL PENSIONADO, de acuerdo a la LEY 271 DE 1996 su DECRETO REGLAMENTARIO No. 2113 de 1999, cuya reglamentación es una política del MINISTERIO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL, esta tiene que tener un ordenamiento Nacional teniendo en cuenta nuestra CONSTITUCION con los artículos 304 en cuanto a las atribuciones de los Gobernadores y 315 atribuciones de los Alcaldes, para que las Administraciones conjuntamente con las organizaciones representativas de los pensionados y adultos mayores, elaboren programas especiales a Nivel Nacional, Departamental y Municipal.

 

Es además incomprensible como, a diez (10) AÑOS de haberse expedido la LEY 1171/07 que brinda garantías sociales a los adultos Mayores, la única respuesta que los Ministerios que tienen que ver para su desarrollo, es que "NO SE HA REGLAMENTADO" y con esta se debe implementar una política clara para su aplicación.

 

Esta ley tiene por objeto conceder a las personas mayores de 62 años beneficios para garantizar sus derechos a la Educación, a la recreación, a la salud, y propiciar un mejoramiento en sus condiciones generales de vida. Así mismo otorga beneficios en actividades culturales y espectáculos públicos, transporte público, descuentos en entidades educativas públicas de educación superior, turismo promovido por entidades públicas, entrada gratuita a espectáculos públicos, ordena la ventanilla preferencial, asientos preferenciales, consultorios jurídicos, consultas médicas en 48 horas y entrega de medicamentos a domicilio sin sobre costos.

 

La LEY 1171/2007.- (articulo14) que establece beneficios para el adulto mayor, se debe modificar para que se puedan beneficiar no solo los pensionados de los niveles I y II del sisben, sino a pensionados que tengan hasta 4 SMLMV, para disfrutar de programas donde somos discriminados por tener pensión.

 

No es justo que quienes hemos contribuido con nuestros aportes al Sistema de Seguridad Social durante más de dos y hasta tres décadas, producto de nuestro trabajo y esfuerzo, el cual contribuyó al desarrollo general del país; y que en la vejez dependemos (en su gran mayoría) única y exclusivamente del ingreso de su mesada pensional, tengamos que ver limitada nuestra calidad de vida por la afectación al mínimo vital, máxime, ante la exposición de mayores riesgos y vulnerabilidades por efectos de la edad y las restricciones para acceder a otras fuentes de recursos.

 

La anterior consideración la basamos en el fallo de la Honorable Corte Constitucional que legitima la necesidad de mantener condiciones de dignidad en la vejez, como  lo dispuso en la Sentencia C-107/2002 (M.P. Jaime Araújo Rentería).

 

 

 

La conveniencia de una VERDADERA POLITICA PUBLICA, debe basarse en razones sociales, políticas, económicas y Jurídicas que se sustentan debidamente:

 

Con Justicia Social. Buscando restablecer, al menos parcialmente, la justicia social y el equilibrio económico roto por las modificaciones introducidas a la ley 100 de 1993.

 

Con, Concordancia Jurídica. Se mantiene un trato discriminatorio negativo en contra de una población adulta mayor, merecedora de consideraciones especiales, especialmente para PENSIONADOS quienes son considerados “privilegiados”, más aún cuando el 91.54% o sea 1.217.000 Pensionados tienen mesadas entre 1 y 4 SMLMV.

El 8.4% o sea  112.042 tienen mesadas superiores a 5 SMLMV. COLPENSIONES Enero/19- (PORTAFOLIO)

 

Dada la relación estrecha que existe entre el sistema de previsión social y el mercado del trabajo, una propuesta de POLITICA PUBLICA, estaría vacía sino se inserta en el marco de una verdadera política de erradicación de la pobreza y la desigualdad, por lo que se debe implementar claros mecanismos de política de empleo y erradicar la informalidad que tanto nos afecta.

 

La progresividad. La capacidad de introducir la progresividad en una reforma que le permita el progreso social y colectivo de los adultos mayores y no con medidas regresivas que sigan afectando una vida digna.

 

 

Con la CONFEDERACION DEMOCRATICA DE PENSIONADOS “CDP” y la CGT, consideramos de suma importancia, tener en cuenta, entre otros aspectos, algunos artículos de la LEY 100/93  y normas, que deben ser revisadas, pues por el hecho de ser PENSIONADOS no perdemos la característica de ser ADULTOS MAYORES, como son:

 

ARTICULO 14. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA FAVORABILIDAD para el aumento de nuestras mesadas, dando cumplimiento al Acuerdo de la CPCPSL de 2013 cuya sustentación hemos hecho en cada sesión. Se ha planteado en diversos foros y en documentos al gobierno nacional como hemos perdido el poder adquisitivo de nuestras mesadas en los últimos 25 años, en un 34.84%, luego de conocer el informe del DANE con respecto al I.P.C del 2018.

 

Esto significa un detrimento más de las mesadas por el ajuste que se hace con fundamento al IPC, es así que  RECLAMAMOS que el estado cumpla con los principios de EQUIDAD, el Respeto por la dignidad humana, la solidaridad a las personas y la prevalencia del interés general. El gobierno debe garantizar el mínimo vital y móvil

 

Sentencia T-020/11 indica: Que el DERECHO A LA ACTUALIZACION DE LA MESADA PENSIONAL, no puede ser exclusivo para determinadas categorías de PENSIONADOS, pues este carece de  JUSTIFICACION CONSTITUCIONAL y se CONVIERTE EN TRATO DISCRIMINATORIO. La titularidad de PENSIONADO ha de ser UNIVERSAL y es una GARANTIA DE DERECHO AL MINIMO VITAL.

 

ARTICULOS 46-47 y 74: No sea retirado del SERVICIO DE SALUD el beneficiario que reclama la PENSION de SOBREVIVIENTE, lo que exige una reglamentación eficaz de la LEY 1204/2008, que simplifica el trámite de sustituciones pensionales provisionales y así se dé continuidad a la protección social de los beneficiarios y no como se platea, que siga cotizando como independiente para que después de reconocida la prestación le reembolsen las cotizaciones realizadas, situación que sabemos nunca sucede.

 

ARTICULO 157. Aporte para la salud. Que no se descuente aporte de salud de la pensión de sobreviviente para quien tiene PENSION POR VEJEZ.

 

Al interpretarse el contenido del artículo 1 de la Ley 1250/2008, indican funcionarios del MINISTERIO DEL TRABAJO que “la cotización aplica no solamente para aquellas que tienen una relación laboral, sino también para aquellos trabajadores independientes, cuyos ingresos provienen de servicios como contratistas..” el usuario ya fallecido no está recibiendo ningún beneficio de salud, ni tampoco tiene vinculación laboral y si el pensionado ya tiene su pensión por VEJEZ, no recibirá doble servicio de salud ni obtendrá ningún beneficio adicional por la doble cotización

 

 

Se debe encaminar el reconocimiento de la PENSION DE VEJEZ a los adultos mayores que con 62 años hombres y 57 años mujeres y con un mínimo de cotización de 650 semanas, se les reconozca la pensión de vejéz y de la misma pensión, se les descuente lo que haga falta para completar las 1.300 semanas y así no se desestabiliza el sistema y desarrollamos los principios de SOLDARIDAD y UNIVERSALIDAD, para el acceso a la pensión por vejez, ampliando así la cobertura de este beneficio social, y generando un política de bienestar para adultos mayores.

 

En diversas reuniones hemos planteado que pareciera que buscan liquidar a las organizaciones de PENSIONADOS, hay dos problemas vulnerables que afectan la vida digna del PENSIONADO, que como exprese antes, no perdemos la condición de “adultos Mayores” por tener éste beneficio que nos hemos ganado con nuestro esfuerzos físico y mental y luego de hacer nuestros aportes de ley.

 

Llevamos más de dos años luchando por la pérdida de esta garantía de servicio.

 

RESPECTO AL DESCUENTO A LA MESADA PENSIONAL QUE PUEDAN HACER LAS ASOCIACIONES DE PENSIONADOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS ADICIONALES ACORDADOS O CONVENIDOS CON OTRAS ENTIDADES.

 

En cuanto a este punto, presentamos las consideraciones inicialmente enunciadas a COLPENSIONES el 28 de enero de 2019 y adicionalmente, integrarlas con las premisas que  expusimos en reunión del 21 de Febrero de 2019.

 

Inicialmente, es necesario realizar una diferenciación conceptual de la libranza o descuento directo regulado por la ley 1527 de 2012 modificada por la ley 1902 de 2018 y los descuentos a las mesadas pensionales autorizadas y reguladas desde el artículo 5° de la ley 71 de 1988, posteriormente por el artículo 38 del Decreto 758 de 1990, para ser regulados de forma explícita por el Decreto 1073 de 2002.

 

Esta última, disposición que se compiló en los artículos 2.2.8.5.1. a 2.2.8.5.3., del Decreto 1883 de 2016, para finalmente establecer que el descuento para el pago de bienes y servicios a favor de los asociados es válido y permitido por la legislación actual.

 

 

Así las cosas, es claro que hay dos tipos de descuentos que se pueden efectuar a las mesadas pensionales; los primeros son aquellos hechos en virtud de lo dispuesto en la ley 1527 de 2012, modificada por la ley 1902 de 2018, denominados libranzas o descuentos directos; y, los segundos, son aquellos autorizados y regulados desde el artículo 5° de la ley 71 de 1988, posteriormente por el artículo 38 del Decreto 758 de 1990, para ser regulados de forma explícita por el Decreto 1073 de 2002 y que finalmente fue compilado en el Decreto  1883 de 2016, denominados “descuentos”. Este último, aquel que en efecto pueden hacer las organizaciones de pensionados siempre que Colpensiones lo autorice o acepte en los términos de la norma antes transcrita.

 

Dicho lo anterior, nos permitimos recordar que conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Constitución Política de Colombia “Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad” y, en ese orden de ideas, se otorgó derecho a la ciudadanía para “constituir sindicatos o asociaciones”.

 

En vista de lo anterior, es claro que las Asociaciones de Pensionados tienen por objeto el desarrollo de convenios que buscan mejorar las condiciones de vida de sus afiliados y, en caso de no permitir el desarrollo de los mismos de forma articulada con los entes gubernamentales, se estaría condenando a las asociaciones de pensionados a

 

desaparecer, por cuanto, dejarían de ser llamativas al no tener beneficios que ofrecer a sus afiliados.

 

Por lo tanto, los convenios que pueden desarrollar las Asociaciones de Pensionados para que por parte de terceros se obtenga la prestación de bienes y servicios, que, a manera de ejemplo puede ser el plan de servicios exequiales, se constituyen con base al objeto de dichas asociaciones y en busca del mejoramiento de las condiciones de vida de los pensionados y su familia.

 

Lo primero es indicar que los descuentos que pueden ser efectuados por parte de las Asociaciones de Pensionados no son aquellos que se encuentran regulados mediante la ley 1527 de 2012, modificada por la ley 1902 de 2018, sino que, son aquellos que están permitidos y regulados desde el artículo 5° de la ley 71 de 1998, posteriormente por el artículo 38 del Decreto 758 de 1990, para ser regulados de forma explícita por el Decreto 1073 de 2002. Esta última disposición que se compiló en los artículos 2.2.8.5.1. a  2.2.8.5.3., del Decreto 1883 de 2016. Como indique inicialmente.

 

RESPECTO AL PAGO Y RECONOCIMIENTO DEL AUXILIO FUNERARIO A LOS HEREDEROS O CAUSAHABIENTES.

 

Como bien lo dijo COLPENSIONES, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.8.4.2 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, el auxilio funerario se instituyó como una prestación económica adicional para aquellas personas que cumplan con un único requisito, comprobar haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado, sin que en algún aparte de la disposición se haya instituido requisito adicional.

 

Por consiguiente, rebosa las competencias otorgadas a Colpensiones instituir algún requisito adicional para el pago de dicho auxilio en caso que el occiso sea quien sufragó los gastos de su entierro de forma anticipada mediante el pago de un plan de servicios exequiales y, en consecuencia, sea pagado a sus herederos o causahabientes. 

 

En ese sentido, basta con remitirnos a lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 692 de 1994 que establece:

 

“Artículo 2o. Pensiones y Prestaciones del Sistema General de Pensiones. El sistema general de pensiones en cualquiera de los dos regímenes que se describen más adelante, garantiza a sus afiliados, y a sus beneficiarios cuando sea el caso, las siguientes pensiones y/o prestaciones económicas:

 

a) Pensión de vejez;

b) Pensión de invalidez;

 

c) Pensión de sobrevivientes y,

d) Auxilio funerario.

 

Ahora bien, respecto a la afirmación dada por Colpensiones en la respuesta al derecho de petición del 27 de diciembre de 2018 con radicado número BZ 2018_16431571, en el sentido de “mantener sus lineamientos” en cuanto a que no es posible el reconocimiento del auxilio funerario a los causahabientes del pensionado o afiliado que en vida pago sus exequias, “pues dicha situación no se encuentra contemplada en la normatividad vigente”, debemos precisar que erra la Entidad en su afirmación.

 

Lo anterior, por cuanto, al remitirnos al Derecho sucesoral se tiene que, la masa sucesoral se encuentra comprendida por el conjunto de bienes corporales e incorporales que le pertenecían al difunto y que pasarían a sus herederos.

 

En ese sentido, es necesario remitirnos a lo dispuesto en el artículo 666 del Código Civil que hace referencia a los derechos personales o de crédito, que hacen parte de los bienes incorporales y que establece:

 

“Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales.”

 

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.8.4.2 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016 que regula el auxilio funerario, si el pensionado o afiliado que falleció era el titular del plan exequial y bajo este se sufragaron los costos del entierro, el derecho personal o crédito que adquiere el fallecido a que se le pague el auxilio funerario pasa a hacer parte de la masa sucesoral, como un bien incorporal, y que en virtud del derecho sucesoral pasaría a sus herederos.

 

Ahora bien, más allá de lo anterior, debemos dejar en claro que el contrato de previsión exequial NO es un seguro, tal y como de forma expresa se ha establecido en el artículo 111 de la Ley 795 de 2001, así:

 

“Artículo 111. No constituyen actividad aseguradora los servicios funerarios, cualquiera sea su modalidad de contratación y pago, mediante los cuales una persona, o un grupo determinado de personas, adquiere el derecho de recibir en especie unos servicios de tipo exequial, cancelando oportunamente las cuotas fijadas con antelación” (el subrayado es nuestro).

 

Por consiguiente, las personas que adquieren un plan de servicio exequial, no están adquiriendo un seguro, si no unos servicios funerarios de tipo exequial, bajo determinada modalidad de pago. (artículo 51 de la ley 100 de 1993)

 

En segundo lugar, en cuanto al reconocimiento del auxilio funerario a los causahabientes del pensionado o afiliado que en vida pago sus exequias, debemos reiterar que la situación debe resolverse desde la óptica del derecho sucesoral.

 

Lo anterior, tiene toda una lógica, en el entendido que no puede se puede pretender castigar al pensionado, negándole el pago a sus herederos del auxilio funerario, cuando en vida tuvo la precaución necesaria, en el entendido que sufrago los gastos de sus honras fúnebres mediante la adquisición de un plan de servicios exequiales y, por el contrario, premiar a aquella persona que no tuvo la misma precaución y cuidado en vida, pagándole el auxilio funerario a sus herederos, tan solo por el hecho que no fue el mismo difunto el que pago sus exequias.

 

 

ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR.

 

LEY 48/86- ley 687/2001- ley 1276/2009- ley 1955/2019

 

Autoriza a las Asambleas Departamentales y a los CONCEJOS distritales y Municipales, para emitir la ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR, cuyos recursos  tienen destinación específica, para atención, programas y servicios sociales dirigidos a los adultos mayores.

 

El MINISTERIO DE SALUD debe estar ejerciendo un estricto control para su cumplimiento, como exigir el reporte “Semestral” sobre la implementación de esta estampilla.

 

Nuestras apreciaciones aquí consideradas, son para tener en cuenta en la necesidad de implementar una reforma equitativa intergeneracionalmente, pero a la vez que permita asegurar la consistencia ajustando los beneficios y requisitos como opción de una nueva Ley, más robusta que la anterior, en la que se consignen los lineamientos generales aquí mencionados, para tener una vida digna y un completo bienestar del pensionado y el adulto mayor, que ha sido artífice del desarrollo del país.

 

Frente a cada uno de estos aspectos y como bien lo hemos planteado en diversos foros donde hemos participado, es importante que para que haya un buen desarrollo de esta política social con participación de Trabajadores y Pensionados, se debe crear la CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA EL PENSIONADO Y EL ADULTO MAYOR, para que sea POLITICA PUBLICA desde el alto gobierno.

 

 

PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE ANPISS SOBRE COHESIÓN SOCIAL EN CARTAGENA  INVITADO POR EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA

PONENCIA

PRESIDENTE NACIONAL DE LA CDP

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA

ENCUENTRO DE COHESION SOCIAL

Cartagena Bolivar- 7 al 9 de Mayo de 2019

 

 

JOHN JAIRO DIAZ GAVIRIA

 

Considero que fue de suma importancia la participación de los pensionados en tan importante reunión, que congrega delegaciones de países como COLOMBIA, COSTA RICA, ECUARDOR, ESPAÑA, GUATEMALA, HONDURAS, PERU REPUBLICA DOMINICANA Y URUGUAY .

 

Es importante  resaltar en la reunión, la necesidad de disponer de un marco integrado de políticas, que abarquen  los cuatro (4) objetivos estratégicos de la O.I.T como son: PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO, EMPLEO, PROTECCION SOCIAL Y DIALOGO SOCIAL.

 

Con fundamento en estos principios es importante examinar el impacto de la crisis Financiera y Económica persistente y de la recuperación tímida e irregular en los mercados de empleo y de trabajo de los diferentes regiones, en particular entre los jóvenes y las mujeres.

 

En mi calidad de Presidente de la CONFEDERACION DEMOCRATICA DE PENSIONADOS “C.D.P” y Presidente Nacional de “ANPISS”,  destacamos que la denominada “estrategia de la Organización Internacional del Trabajo” y sus convenios Internacionales sobre SEGURIDAD SOCIAL establecen que ésta fortalece la cohesión social, que es la clave para garantizar la distribución justa de los beneficios del progreso para todos, para un crecimiento sostenible y buenos niveles de salud y que esta política está estrechamente vinculada con políticas de empleo, no es menos cierto que estas deben estar encaminadas también a quienes fuimos parte del desarrollo Nacional.

 

Es así que recomienda esta estrategia, la viabilidad financiera de los sistemas de Seguridad social deben ser objeto de amplios debates en el contexto del cambio demográfico, en especial cuando el envejecimiento de la población va en aumento y sugiere la estrategia, que este reto debe ser manejable en un marco de sistemas debidamente organizados, manteniendo un equilibrio justo, creando sinergias positivas de protección social y Políticas financieras.

 

Para este desarrollo se requieren políticas transparentes que incluyan el verdadero diálogo social y el tripartismo, con reglas socialmente aceptables  sobre la edad a la que las personas se retiran del mercado del trabajo y donde la pensión o jubilación, tengan el reconocimiento como una etapa legítima del ciclo de la vida.

 

Es por esto que deben existir claras garantías no solo para los trabajadores, las mujeres, los niños y los adultos, sino también para los pensionados y jubilados del mundo, pues se habla sobre la protección al SALARIO MINIMO, pero estas mismas condiciones no son tenidas en cuenta para los PENSIONADOS Y JUBILADOS como en el caso de nuestro país COLOMBIA.

 

En cada Conferencia, se hace énfasis en que LA SEGURIDAD SOCIAL ES UN DERECHO HUMANO, independiente de dónde vivan, pero además es una necesidad Social y Económica, para combatir la pobreza y la exclusión social y promover el desarrollo y la igualdad de oportunidades.

 

Se hace énfasis tambien en que la PROTECCION SOCIAL, debería consistir por lo menos en cuatro (4) garantías básicas de SEGURIDAD SOCIAL en la niñez, el trabajo, la vida adulta y la vejez.

 

En este tema, no hay excusas para que ninguna sociedad posponga el establecimiento de la Seguridad Social para sus miembros y esto puede realizarse en cualquier etapa del Desarrollo, aunque sea gradualmente, para que la sociedad crezca con equidad y esto es precisamente lo que en nuestro país no sucede.

 

Hay que subsanar la insuficiencias de cobertura prioritariamente, para lograr un crecimiento económico y equitativo, la cohesión social y el trabajo decente para todas las mujeres y hombres, nos llama  reflexionar para  que la extensión de la cobertura de la Seguridad Social, debe tener un enfoque bidimensional, con miras a establecer sistema integrales de Seguridad social.

 

Es por esto que debemos seguir luchando internacionalmente, para que esa cohesión social se vea proyectada a los pensionados, quienes, como sucede en nuestro país nos llevan a sobrevivir en condiciones de miseria, ya que  es preciso destacar, que en los principios del sistema de Seguridad social, la protección de la seguridad Social y sus componentes den la definición de los derechos y de la “cobertura personal”  y que debe estar basada en la  PROTECCION UNIVERSAL y en la SOLIDARIDAD SOCIAL y encaminarse a la INCLUSION SOCIAL.

 

La UNIVERSALIDAD de la Seguridad social,  debe sustentarse en los PRINCIPIOS DE NO DISCRIMINACION, IGUALDAD DE GENERO y con capacidad para responder a las necesidades Especiales.

 

Así las cosas, debemos buscar que los gobiernos den cumplimiento a la RECOMENDACIÓN No. 202 de 20 de Mayo de 2012 que dispone que los Estados miembros deben establecer y mantener pisos de protección social Nacional, sin olvidar que en la reunión No. 97 de la Conferencia en el 2008 reiteró el compromiso TRIPARTITO contraído para extender la SEGURIDAD SOCIAL a todas las personas que necesitan esa protección.

 

Estas garantías deben asegurar como mínimo, que durante el ciclo de vida, todas las personas necesitadas, tengan acceso a una atención de salud esencial y a un “seguridad básica de ingreso” que aseguren conjuntamente un acceso efectivo a los bienes y servicios definidos como necesarios a nivel Nacional.

 

Estos pisos de la referencia en la RECOMENDACIÓN No. 202 definen aspectos importantes de las GARANTIAS DE SEGURIDAD SOCIAL como son:

 

1.- Acceso a la atención en Salud esencial, incluida la atención de la maternidad.

2.- Seguridad básica del ingreso para las personas en edad activa, que no puedan obtener ingresos suficientes, en particular en caso de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez; y

3.- Seguridad básica del ingreso para las personas de edad.

 

No obstante lo anterior, desde 2012 la CONFEDERACION DEMOCRATICA PENSIONADOS, hemos venido insistiendo en el desarrollo del  PROYECTO DE LEY PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE LA FAVORABILIDAD para el aumento de nuestras mesadas el cual se encuentra consignado en el acuerdo del 30 de Diciembre de 2013 de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas salariales y Laborales, esperando se le dé trámite en el marco de las sesiones ordinarias del Congreso del congreso de la República.

 

Estos pisos de la referencia establecidos por la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, plantea que son elementos esenciales para permitir          que las personas vivan dignamente, realizando el Derecho Humano a la seguridad Social y fomentando sociedad exclusiva y economías productivas.

 

Si bien es cierto que la CORTE CONSTITUCIONAL HA RATIFICADO que la SEGURIDAD SOCIAL es un DERECHO HUMANO, la O.I.T ha reiterado, que toda persona, como miembro de la Sociedad, tiene derecho a la Seguridad social, como se indica en la DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (ART-22)  y al reconocer la DECLARACION DE FILADELFIA, se obliga la O.I.T a fomentar solemnemente,  programas que permitan extender las medidas de Seguridad Social para garantizar los ingresos básicos a quienes lo necesiten y prestar asistencia médica completa…

 

Por ello, la CONFEDERACION DEMOCRATICA DE PENSIONADOS CDP, seguiremos ventilando en el seno internacional, para que se amplíe la asistencia a nuestro país y mejorar el reconocimiento y comprensión de las normas en materia de Seguridad social y su aplicación, formulando políticas para vencer los obstáculos a la ratificación y emprendimiento de iniciativas innovadoras para promover los convenios actualizados de la OIT, relativos a la Seguridad Social y también consideramos con mucho fundamento en el CONVENIO No. 102. (convenio de Seguridad social de 1952- norma mínima)

 

La RECOMENDACIÓN 202 invita a los Estados miembros a diseñar a través de un proceso eficaz de DIALOGO SOCIAL NACIONAL, como una estrategia que identifique las insuficiencias para construir un sistema INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL.

 

Por eso seguiremos luchando al interior de la COMISION PERMANENTE DE CONCERTACIÓN DE POLÍTICAS Y LABORALES, órgano tripartito que funciona en Colombia, para que en cumplimiento de los CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DEL ORGANO INTERNACIONAL, no queden en letra muerta nuestras propuestas planteadas como:

 

.- Reducción del Aporte de la SALUD para PENSIONADOS Y JUBILADOS

.- Desarrollo del PROYECTO  de LEY para que se aplique el PRINCIPIO DE LA FAVORABILIDAD para el AUMENTO DE NUESTRAS MESADAS.

.- Se supriman las CUOTAS MODERADORAS Y LOS COPAGOS.

.- Se modifique la Ley para que no se descuente el aporte para la salud, para la pensión de SOBREVIVIENTE, cuando el usuario tiene pensión por vejez.

.- se modifique la ley para que se garantice el servicio de la salud para quienes tramitan la PENSION DE SOBREVIVIENTE.

 

Esto fundamentado en el DIALOGO SOCIAL exigido por la OIT para los países miembros.

 

Esto nos permite orientarnos en que la RECOMENDACIÓN 202 al referirse a la SEGURIDAD BASICA es para permitir vivir con dignidad, por lo cual estas prestaciones pueden incluir PRESTACIONES FAMILIARES y por hijos a cargo, prestaciones de enfermedad y atención de salud, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez, prestaciones de vejez, prestaciones de sobrevivientes… entre otros, ya sea monetaria o en especie.

 

Visto lo anterior, el piso de PROTECCION SOCIAL debe considerarse como un elemento de DIGNIFICACIÓN Y RESPETO AL SER HUMANO, sobre la base del PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD Y SOLIDARIDAD y para ello se necesita VOLUNTAD POLITICA para avanzar en este proceso de DIALOGO SOCIAL con CLARIDAD, con una SEGURIDAD SOCIAL TRANSPARENTE, EFICIENTE que permita construir una Seguridad Social para todos, donde haya SOLIDARIDAD  con los más pobres, los más vulnerables y desfavorecidos, por lo que  exige la adopción de políticas contundentes por parte el Estado.

 

Gran impacto debe tener en nosotros los pensionados y jubilados, que la Constitución de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO recalca que una PAZ UNIVERSAL y PERMANENTE  sólo puede basarse en la JUSTICIA SOCIAL. La DECLARACION DE FILADELFIA AHONDA EN ESTE CONCEPTO DE JUSTICIA SOCIAL,  al estipular que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de Libertad y Dignidad, de SEGURIDAD ECONOMICA Y DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES a lo que esperamos llegar con el GOBIERNO NACIONAL para que se vea realizado este noble objetivo.

 

 

 

 

Cordialmente,

 

 

 

 

 

JOHN JAIRO DIAZ GAVIRIA

     Presidente

 

 

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA CDP SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LOS INDÍGENAS,  SECTORES SOCIALES Y EN GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA MÁS SENTIDA EN EL PAÍS

 

La Confederación Democrática de Pensionados expresamos ante la opinión nacional nuestras consideraciones entorno al conflicto de este gobierno con los indígenas, sectores sociales y en general del pueblo colombiano:

 

1.    Reclamamos del señor Presidente de la República IVAN DUQUE MARQUEZ su presencia inmediata en el Cauca con el fin de buscar una solución pronta a este conflicto que cada día se acrecienta, son problemas acumulados y soluciones incumplidas de los gobiernos anteriores sin escaparse el presente con la minga indígena, el Presidente de la república debe actuar concordante con la situación antes que vaya haber un derramamiento de sangre, de todo es conocido las escaramuzas que se han venido presentando, cada día se agravan más la situación, para nosotros el presidente DUQUE está jugando con candela.

 

2.    Consideramos, si el presidente de la República desde el inicio de estas protestas hubiera acudido al llamado respetuoso que se hizo por parte de la minga indígena, estamos seguros a través del diálogo y la concertación se hubiera evitado el agravamiento de esta situación evitando  comentarios incluso de funcionarios del mismo gobierno, esta protesta estaba infiltrada por agentes externos, nada, tienen que ver con la lucha por las reivindicaciones sociales y cumplimiento de los acuerdos de este gobierno y el anterior con  los indígenas de Colombia.

 

3.    La Confederación Democrática de Pensionados, rechazamos vehementemente algunos artículos que hacen parte del plan de desarrollo presentado ante el congreso por el gobierno nacional, por ser lesivos y retrospectivos en los derechos adquiridos tanto por los pensionados y trabajadores del país. Claramente hemos identificado en estas modificaciones estructurales a códigos y leyes de carácter laboral, que lo

único que hacen es beneficiar al sector privado en detrimento de los sectores laborales y pensionales de Colombia.

 

 

4.     La Junta Nacional de la Confederación Democrática de Pensionados, reunida el día 04 de abril, por unanimidad aprobó la solidaridad con la minga indígena, de la misma manera, rechazó el plan de desarrollo presentado por este gobierno como también la doble moral de algunos funcionarios del Estado, en la sub mesa de concertación laboral,  vienen sosteniendo suapoyo a cumplir lo firmado en el año 2015, sobre el tema de los aportes en salud disminuirlos del 12% al 4%, de la misma manera la aplicación de la favorabilidad en el aumento anual de las pensiones, como también la afiliación masiva de los pensionados a las Cajas de Compensación para fortalecer estas entidades. Por el otro lado los Ministros de Hacienda, Salud, y el señor director de Colpensiones, vienen manifestando a la opinión publica objeciones al proyecto que hace tránsito en el congreso para la rebaja de los aportes reiteramos en salud.

 

5.    Ante estas situaciones  y otras protestas que se avecinan como la del sector del magisterio, transportadores, etc., la Junta Directiva Nacional de la CDP, aprobó participar de manera solidaria y clasista en la jornada nacional de protesta a realizarse el próximo jueves 25 de abril,  actividad liderada por el Comando Nacional Unitario, hacemos un llamado a todas nuestras asociaciones, federaciones y subdirectivas filiales a participar de manera masiva en este evento, nos declaramos en estado de alerta para la jornada nacional de protesta de los pensionados de Colombia liderada en lo posible por las dos Confederaciones de Pensionados, rechazamos los incumplimientos por parte de los anteriores y este gobierno, en el compromiso de la disminución en los aportes a la salud, rechazar en la calle los proyectos que pretenden presentar en contra de nuestro gremio pensional, incluyendo la reforma pensional, no obstante se manifestó por parte de la señora Ministra de Trabajo que este proyectosería discutido en primer orden en la mesa de concertación laboral, escuchamos a diario en los medios de comunicación, el gobierno tiene listo este proyecto sin conversarlo ni ponerlo en conocimiento de las centrales obreras y de pensionados.

¡VIVA LA JORNADA NACIONAL DEL 25 DE ABRIL DE PROTESTA DE LOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES DE COLOMBIA VIVA ¡

 

¡ATRÁS LOS ARTICULOS LESIVOS CONTRA LOS TRABAJADORES, SECTORES SOCIALES Y PENSIONADOS DE COLOMBIA DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL ATRÁS ¡

 

¡VIVA LA UNIDAD DE LOS PENSIONADOS Y TRABAJADORES DE COLOMBIA VIVA ¡

 

Firmado,

 

COMITÉ EJECUTIVO DE LA CDP

 

 

 

(Org.Fdo)                                                     (Org.Fdo)

JOHN JAIRO DIAZ GAVIRIA                               ANSELMO GOMEZ ELGUEDO 

      Presidente CDP                                                               Secretario General CDP          

 

 

 

Bogotá, D.C., 05 de abril de 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anpisscolombia.com/estados-financieros/

El presidente Juan Manuel Santos anunció el incremento de 5,9% que lograron después de llegar a un acuerdo, con el incremento el salario mínimo queda en $781.242 para el próximo año.

Mesa de concertación

inicia discusión sobre salario mínimo

Me permito adjuntar el documento que radicamos en la CORTE CONSTITUCIONAL sobre las objeciones del PRESIDENTE SANTOS al proyecto de LEY de los pensionados.  cordialmente JOHN JAIRO DIAZ GAVIRIA

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Durante la concertación del salario mínimo en 2013, el gobierno se comprometió a reducir la cotización de pensiones al 4 %. Dos años después nada ha cambiado.

Una vez el empleado pasa a ser pensionado, su salario se reduce al mes en 30 % además le descuentan un 12 % adicional por salud. Hace dos años, en medio de una concertación para el incremento del salario mínimo, el Gobierno se comprometió a reducir este porcentaje a 4 %. 

 “El señor vicepresidente de la República, el señor presidente de la República, en plena campaña dijeron ‘no es justo lo que se les cobra a los pensionados, vamos ayudar con ese acuerdo’, y hasta ahora no hemos encontrado absolutamente nada”, explicó John Jairo Díaz, presidente de la Federación de Pensionados. 

 

La Confederación Nacional de Pensionados, que también hace parte de la mesa de concertación para el incremento anual del salario mínimo, critica el gesto del Gobierno.

 “La pregunta de los pensionados en Colombia es, si el presidente va a firmar la paz ¿será que después de tres meses de firmada la paz es capaz de decirles a los guerrilleros ‘no les puedo cumplir’?”, agregó Díaz.

 El Gobierno ha manifestado que disminuir la cotización a la salud representaría un déficit.

 “Nosotros somos parte de la democracia del país, los pensionados hemos sido parte del desarrollo de este país y no es justo que nos den el trato de segunda que nos está dando el Gobierno Nacional”, puntualizó Díaz. 

 

 En Colombia hay 1’800.000 pensionados. 

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Visepresidente Argelino Garzon  reunido con los delegados  de ANPISS
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